European Parliament debated this afternoon (26-10-2006) a resolution on the proceedings against Rios Montt. There were a whole series of separate points to the motion put forward- one of which was:

"The European Parliament urges the Guatemalan institutions fully to cooperate and do everything in their power to shed light on the human rights violations and to ensure that those responsible are brought to justice and that the findings of the investigations are made public, as called for in the international arrest warrant issued by the Spain Audiencia Nacional on 7 July 2006 against Jose Efraín Rios Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Angel Anibal Guevara Rodriguez, German Chupina Barahona, Pedro Garcia Arredondo and Benedicto Lucas Garcia, all of whom are accused of crimes of genocide, torture, terrorism and illegal detention."

The motion for the resolution had be put forward by the following MEPs:

       –    Charles Tannock and Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group
       –    Pasqualina Napoletano and Luis Yañez-Barnuevo García, on behalf of the PSE Group
       –    Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group
       –    Raül Romeva i Rueda and Alain Lipietz, on behalf of the Verts/ALE Group
       –    Willy Meyer Pleite and Marco Rizzo, on behalf of the GUE/NGL Group

You can watch the debate on a video from this page. You need to click on the time next to where the debate on Rios Montt is mentioned about half way down.

You can read this official EU overview of the EU's relations with Guatemala here.

The International Federation for Human Rights has just put out the following press release about the debate (in Spanish).

The following is a press release from the Greens about the debate:

COMUNICADO DE PRENSA - Estrasburgo, 26 de octubre 2006

Extradición de Rios Montt (Guatemala)

VERDES/ALE EXIGEN FIN A LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA
Hoy se adoptó en la plenaria del PE una resolución de urgencia sobre la orden internacional de extradición a ex-dictadores y ex-militares guatemaltecos. Sigue la intervención de Raul Romeva, MEP de la IC-V.
 
Diez años después de firmarse los Acuerdos de Paz en Guatemala, país con el que la UE está negociando un acuerdo de asociación y que pretende conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el Acuerdo global sobre Derechos Humanos sigue sin implementarse. Y ello es preocupante en uno de los países que más ha sufrido en términos de dictaduras, genocidios y crímenes de lesa humanidad. Pero más preocupante aún es la impunidad casi absoluta de la que gozan quienes fueron los principales responsables de estos hechos, algunos de los cuales siguen ostentando cargos de alta responsabilidad en las instituciones guatemaltecas.

Sin embargo, cuando el pasado 7 de julio de 2006 el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Española decretó una orden internacional de detención contra varios ex-dictadores y ex-militares guatemaltecos, se reabrió la esperanza de que se hiciera finalmente justicia.

Así, ante la total inhibición del sistema judicial guatemalteco, la Audiencia Española asumió, en base al principio de justicia universal, la responsabilidad de contribuir a acabar con la impunidad.

Ante esta iniciativa, por tanto, cabe reclamar a las autoridades guatemaltecas que cooperen plenamente haciendo todo lo posible para la clarificación de las violaciones de los Derechos Humanos que tuvieron lugar en Guatemala y para que quienes son explícitamente mencionados en la orden internacional de detención, así como en la presente resolución, sean detenidos y entregados a la justicia para ser adecuadamente juzgados.

Así mismo, teniendo en cuenta que muchos de los responsables de estos hechos gravísimos en la historia de Guatemala han estado enriqueciéndose y acumulando bienes y capital en bancos locales e internacionales, es necesario también que las entidades bancarias concernidas colaboren en el retorno de dichos bienes con objeto de que estas personas asuman también sus responsabilidades civiles y financieras.

Finalmente, Europol e Interpol deberían poner todos los medios necesarios para proceder a la detención y extradición a España de las personas mencionadas con objeto de ser adecuadamente juzgadas.