Yesterday (28-05-2006), one such man- Guatemalan former President Romeo Lucas Garcia, whose 1978-1982 government was accused of rights abuses, died aged 81 in a hospital in Venezuela.
For the moment, we won't say much more about this on this blog- there's a great post by Rob Mercatante for those interested in finding out more about the injustices that Lucas Garcia presided over and for which he was never, in his lifetime, tried for. In the UK, this news has currently been covered by the BBC, AlertNet and the Guardian.
UPDATE 09-06-2006: Below is a open letter to the Guatemalan Congress by Guatemalan NGOs 27-05-2006 after the death of General Romeo Lucas García.
El 24 de junio del 2006, una comisión rogatoria española llegará a Guatemala con el fin de indagar a altos cargos de gobiernos militares guatemaltecos del periodo de 1978 a 1986. Aparte del genocidio cometido contra el pueblo maya, los delitos que se les imputa incluyen la quema de la Embajada de España en 1980 y el asesinato de varios sacerdotes españoles.
¿GUATEMALA: SISTEMA DE JUSTICIA PARALIZADO?
Esta decisión de la justicia española supone de por sí un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia que, hasta el momento, ha sido denegada en Guatemala.
Los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno fueron ampliamente documentados en los informes del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), de la Iglesia católica, y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), de las Naciones Unidas, así como en más de 566 exhumaciones de cementerios clandestinos realizadas desde 1994.
En particular, vale resaltar que la CEH documentó 626 masacres cometidas por las fuerzas del Estado y considera que se cometieron actos de genocidio. Además de numerosos casos presentados por hechos específicos, en 2000 y 2001 se presentaron ante las instancias guatemaltecas dos demandas por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra contra los altos mandos de los gobiernos del General Romeo Lucas García y del
General José Efraín Ríos Montt, respectivamente.
Como sucedió en otros casos, a 6 años de la primera demanda, la investigación por parte del Ministerio Público no ha avanzado pese a haberse presentado más de cien testigos y testigas de masacres ocurridas en 23 comunidades, comprobando que no existe voluntad política del sistema de justicia y del gobierno para castigar a los responsables de estos delitos.
En relación con la aplicación de la justicia, tampoco se han cumplido las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Plan de Sánchez”, “Panel Blanca”, “Niños de la Calle”, “Bámaca Velásquez”, Maritza Urrutia”, “Carpio Nicolle”, ni los acuerdos amistosos alcanzados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por los casos “Irma Flaquer” y “Dos Erres”, entre otros.
En su último informe sobre Guatemala, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declara que “la impunidad ha sido reiteradamente señalada por los mecanismos y organizaciones internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos como una de las mayores amenazas al libre ejercicio de los derechos humanos”.
ESPAÑA: HABRÁ INVESTIGACIÓN
En 1999, Rigoberta Menchú interpuso una denuncia ante la justicia española por genocidio, terrorismo y torturas, amparándose en el principio de Jurisdicción Universal.
En 2005, el Tribunal Constitucional español estableció que en la legislación española se “instaura un principio de jurisdicción universal absoluto”, por lo que la justicia española tiene competencia para investigar y juzgar, entre otros delitos, el genocidio cometido en Guatemala contra el pueblo Maya. La comisión rogatoria que llegará en junio realizará las diligencias correspondientes. En particular, tomará las declaraciones de los imputados presentes en el país, los cuales ya han sido citados por un juez guatemalteco.
SIGUE LA VIOLENCIA POLÍTICA
Mientras desde 2004 el Estado de Guatemala ha logrado mejorar su imagen ante la comunidad internacional, reconociendo oficialmente su responsabilidad por una mínima proporción de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, la impunidad se ha mantenido en gran medida intacta. Amparándose en esta impunidad, la violencia política está en aumento constante: los ataques contra activistas de derechos humanos, por ejemplo, han tenido una progresión constante, hasta dispararse en el 2005, con un aumento de 46% en relación con el 2004.
En particular, son sistemáticos los ataques (amenazas, actos intimidatorios, acoso y, en algunos casos, ataques fatales) contra aquellos que han prestado sus testimonios a la justicia guatemalteca y en contra de aquellos que les han brindado acompañamiento de tipo legal u otro. A pesar de que la gran mayoría de estos ataques haya sido denunciada a las autoridades competentes, no se ha identificado o procesado a casi ninguno de sus responsable. Por esta razón se teme especialmente por la seguridad de las personas que presten testimonios ante la comisión española.
Esta
lista tiene como propsito difundir informacin relacionada al trabajo de
la Coordinacion del Acompaamiento Internacional en Guatemala (CAIG) y al
proyecto ACOGUATE.
La informacin distribuida es responsabilidad de la fuente.
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