In particular, this appeal makes many vital points, such as: the failure the present Government to use the budget reserved for compensation, the creation of more inefficient bureaucracy to supposedly act in favour of the victims and the deliberate attempt by the Guatemalan government to undermine the unity of the organisations representing the civil war victims.
Llamado a organizaciones de victimas y sobrevivientes por las reparaciones por graves violacioned a los derechos humanos, occurido durante el conflicto armado interno.
Las organizaciones de víctimas organizadas ETESC, COORVIPAZ , CODECA,
COVIP, exponemos:
1. Que a finales del año 2005 fue intervenido el Programa Nacional de Resarcimiento, con lo cual se ha convertido en un programa presidencial de resarcimiento, responsable de las REPARACIONES a los graves daños sufridos por miles de guatemaltecos y guatemaltecas, por las acciones de agentes del Estado durante los 36 años del Conflicto
Armado Interno.
2. Que derivado de esta intervención, los funcionarios encargados del proceso eliminaron la transparencia del programa, desarticularon la construcción de un registro de victimas efectivo, eficiente y pertinente, e iniciaron un proceso pragmático de emisión de cheques que ha derivado en la humillación de las victimas, incluso por el Presidente de la República.
3. Que desde que se creó el programa en el presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso de la Republica se han presupuestado fondos por 300 millones de quetzales anuales, los cuales por tres años consecutivos no se han ejecutado.
4. Que según estimaciones del PNR, estos 300 millones de quetzales deberían cubrir anualmente a doce mil victimas de distintas violaciones y muchas de estas victimas y sobrevivientes por edad o enfermedad han venido falleciendo sin ser reparados los agravios.
5. Que en la lógica del botín político hay pretensiones dentro del sector gubernamental de crear un programa paralelo, en COPREDH, de búsqueda y resarcimiento en el tema de desaparición forzosa, financiado desde el Programa Nacional de Resarcimiento, lo que desnaturaliza el cumplimiento integral del proceso de reparaciones, el cual comprende este tipo de violaciones, duplicando esfuerzos y duplicando la burocracia estatal.
6. Que desde hace varios años venimos organizando acciones para que el Estado cumpla con el DEBER DE REPARAR, obligación derivada de las acciones que a través de las fuerzas de seguridad, policíacas y militares, o de grupos paramilitares y parapoliciales, causaron sufrimientos y pérdidas en vidas y pérdidas materiales cuantiosas en áreas urbanas y rurales, con especial énfasis en los pueblos mayas, donde según los testimonios que prestamos a la CEH, se concluye que se cometieron actos de genocidio.
7. Que somos consientes que el desgarramiento de la sociedad guatemalteca que fue uno de los objetivos de la contrainsurgencia, sigue causando estragos, lo que también se refleja en la falta de unidad de las organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos
humanos.
8. Que funcionarios y funcionarias del Gobierno de la República han aprovechado las diferencias dentro de las organizaciones de víctimas, para explotar a su favor el proceso y con ello limitar la organización social al estimular la competencia entre víctimas. Se
agrega a ello que en la actualidad en las oficinas del PNR se insta a las victimas y sobrevivientes a presentarse de manera individual y abiertamente descalificando el reclamo colectivo de reparaciones.
9. Que se esta manifestando la intencionalidad de utilizar electoreramente el tema del resarcimiento, rompiendo con ello el espíritu de interés nacional que debe privar en la búsqueda de la ansiada reconciliación nacional.
10. Derivado de ello desde los responsables gubernamentales del proceso se hace evidente la intencionalidad de limitar el programa al pago de dinero, como una forma perversa de compra del silencio de las víctimas y disminuir la importancia del proceso integral que incluya dignidad verdad y justicia.
11. Que no obstante los problemas que aquejan a las organizaciones de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, el estancamiento del programa ha sido responsabilidad de las y los funcionarios que ha designado el Presidente de la República, y su retrazo y fracaso hacen recaer al Estado de Guatemala en responsabilidad internacional.
12. Reafirmamos que es urgente e imprescindible fijar una agenda nacional por el cumplimiento de las reparaciones, consensuadas con organizaciones de víctimas, con el objetivo de garantizar el inicio de un genuino cumplimiento del resarcimiento por parte del Estado de Guatemala, basado en la aplicación de medidas integrales de reparaciones en lo individual y colectivo.
13. Que desde las organizaciones de víctimas y sobrevivientes, asiste el derecho de constituir un proceso de fiscalización y de auditoria social sobre las prácticas del Estado orientadas al eficaz cumplimiento del deber de reparar.
14. Que otros actores y organismos estatales como el Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, así como los Partidos Políticos representados en el parlamento, están obligados moral y jurídicamente, a implementar acciones orientadas al pleno cumplimiento del deber de reparar del Estado de Guatemala y garantizar la deselectoralización del resarcimiento.
15. Que es imprescindible y obligatoria la observación y acompañamiento de la comunidad internacional, en especial la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fiel cumplimiento de los compromisos en la materia por parte de los funcionarios públicos.
16. Que es urgente que todos los sectores genuinamente representativos del interés nacional y por tanto comprometido con la búsqueda de la reconciliación nacional, se solidaricen y sumen fuerzas con todas las organizaciones de victimas y sobrevivientes del CAI para el cumplimiento de esta parte esencial de los acuerdos de paz.
17. Que estamos convencidos que la única garantía de lograr el cumplimiento por parte del Estado de la obligación de reparar, se encuentra en la estandarización de los programas de lucha por el resarcimiento de las organizaciones de víctimas apoyadas por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
18. Que dentro de las recomendaciones de la CEH se resalta la necesidad de una genuina y representativa búsqueda y localización de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y que la desnaturalización de esta recomendación y el retardo malicioso de ello deriva en que el dolor e incertidumbre de las familias se prolonga innecesariamente.
19. Que existen evidencias suficientes para advertir a victimas y sobrevivientes y a los actores que de manera responsable asumen el proceso de reparaciones, que la integralidad del proceso esta siendo destruida, y que de aplicarse en esas condiciones, contrario a lo deseado, generara mas desgarramiento, dolor, conflictividad, y se perpetuara indefinidamente la desconfianza hacia el Estado de Guatemala.
POR TANTO: HACEMOS UN LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES A QUE INICIEMOS UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ORIENTADA A GARANTIZAR UN PROCESO DE REPARACIONES INTEGRALES. A LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE GENUINAMENTE BUSCAN ESTE OBJETIVO, A ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE VICTIMAS Y DE SOBREVIVIENTES EN EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO.
Asociación Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria,
Huehuetenango.
Coalición de Organizaciones de Victimas de las Verapaces.
Comité de Desarrollo Campesino, Suchitepequez.
Coordinadora Departamental para el Resarcimiento de Victimas del
Conflicto Armado Interno y Desarrollo Intercultural de Petén.
Asociación para el Desarrollo Integral de las Victimas de la Violencia
en las Verapaces Maya Achí.
Coordinadora para la Justicia y Dignificación para las Victimas del
Enfrentamiento Armado Interno de Alta Verapaz
Contact: adivima [at] derechos.org, etesc[at] hotmail.com, codeca [at] gmx.net
Las organizaciones de víctimas organizadas ETESC, COORVIPAZ , CODECA,
COVIP, exponemos:
1. Que a finales del año 2005 fue intervenido el Programa Nacional de Resarcimiento, con lo cual se ha convertido en un programa presidencial de resarcimiento, responsable de las REPARACIONES a los graves daños sufridos por miles de guatemaltecos y guatemaltecas, por las acciones de agentes del Estado durante los 36 años del Conflicto
Armado Interno.
2. Que derivado de esta intervención, los funcionarios encargados del proceso eliminaron la transparencia del programa, desarticularon la construcción de un registro de victimas efectivo, eficiente y pertinente, e iniciaron un proceso pragmático de emisión de cheques que ha derivado en la humillación de las victimas, incluso por el Presidente de la República.
3. Que desde que se creó el programa en el presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso de la Republica se han presupuestado fondos por 300 millones de quetzales anuales, los cuales por tres años consecutivos no se han ejecutado.
4. Que según estimaciones del PNR, estos 300 millones de quetzales deberían cubrir anualmente a doce mil victimas de distintas violaciones y muchas de estas victimas y sobrevivientes por edad o enfermedad han venido falleciendo sin ser reparados los agravios.
5. Que en la lógica del botín político hay pretensiones dentro del sector gubernamental de crear un programa paralelo, en COPREDH, de búsqueda y resarcimiento en el tema de desaparición forzosa, financiado desde el Programa Nacional de Resarcimiento, lo que desnaturaliza el cumplimiento integral del proceso de reparaciones, el cual comprende este tipo de violaciones, duplicando esfuerzos y duplicando la burocracia estatal.
6. Que desde hace varios años venimos organizando acciones para que el Estado cumpla con el DEBER DE REPARAR, obligación derivada de las acciones que a través de las fuerzas de seguridad, policíacas y militares, o de grupos paramilitares y parapoliciales, causaron sufrimientos y pérdidas en vidas y pérdidas materiales cuantiosas en áreas urbanas y rurales, con especial énfasis en los pueblos mayas, donde según los testimonios que prestamos a la CEH, se concluye que se cometieron actos de genocidio.
7. Que somos consientes que el desgarramiento de la sociedad guatemalteca que fue uno de los objetivos de la contrainsurgencia, sigue causando estragos, lo que también se refleja en la falta de unidad de las organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos
humanos.
8. Que funcionarios y funcionarias del Gobierno de la República han aprovechado las diferencias dentro de las organizaciones de víctimas, para explotar a su favor el proceso y con ello limitar la organización social al estimular la competencia entre víctimas. Se
agrega a ello que en la actualidad en las oficinas del PNR se insta a las victimas y sobrevivientes a presentarse de manera individual y abiertamente descalificando el reclamo colectivo de reparaciones.
9. Que se esta manifestando la intencionalidad de utilizar electoreramente el tema del resarcimiento, rompiendo con ello el espíritu de interés nacional que debe privar en la búsqueda de la ansiada reconciliación nacional.
10. Derivado de ello desde los responsables gubernamentales del proceso se hace evidente la intencionalidad de limitar el programa al pago de dinero, como una forma perversa de compra del silencio de las víctimas y disminuir la importancia del proceso integral que incluya dignidad verdad y justicia.
11. Que no obstante los problemas que aquejan a las organizaciones de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, el estancamiento del programa ha sido responsabilidad de las y los funcionarios que ha designado el Presidente de la República, y su retrazo y fracaso hacen recaer al Estado de Guatemala en responsabilidad internacional.
12. Reafirmamos que es urgente e imprescindible fijar una agenda nacional por el cumplimiento de las reparaciones, consensuadas con organizaciones de víctimas, con el objetivo de garantizar el inicio de un genuino cumplimiento del resarcimiento por parte del Estado de Guatemala, basado en la aplicación de medidas integrales de reparaciones en lo individual y colectivo.
13. Que desde las organizaciones de víctimas y sobrevivientes, asiste el derecho de constituir un proceso de fiscalización y de auditoria social sobre las prácticas del Estado orientadas al eficaz cumplimiento del deber de reparar.
14. Que otros actores y organismos estatales como el Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, así como los Partidos Políticos representados en el parlamento, están obligados moral y jurídicamente, a implementar acciones orientadas al pleno cumplimiento del deber de reparar del Estado de Guatemala y garantizar la deselectoralización del resarcimiento.
15. Que es imprescindible y obligatoria la observación y acompañamiento de la comunidad internacional, en especial la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fiel cumplimiento de los compromisos en la materia por parte de los funcionarios públicos.
16. Que es urgente que todos los sectores genuinamente representativos del interés nacional y por tanto comprometido con la búsqueda de la reconciliación nacional, se solidaricen y sumen fuerzas con todas las organizaciones de victimas y sobrevivientes del CAI para el cumplimiento de esta parte esencial de los acuerdos de paz.
17. Que estamos convencidos que la única garantía de lograr el cumplimiento por parte del Estado de la obligación de reparar, se encuentra en la estandarización de los programas de lucha por el resarcimiento de las organizaciones de víctimas apoyadas por organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.
18. Que dentro de las recomendaciones de la CEH se resalta la necesidad de una genuina y representativa búsqueda y localización de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y que la desnaturalización de esta recomendación y el retardo malicioso de ello deriva en que el dolor e incertidumbre de las familias se prolonga innecesariamente.
19. Que existen evidencias suficientes para advertir a victimas y sobrevivientes y a los actores que de manera responsable asumen el proceso de reparaciones, que la integralidad del proceso esta siendo destruida, y que de aplicarse en esas condiciones, contrario a lo deseado, generara mas desgarramiento, dolor, conflictividad, y se perpetuara indefinidamente la desconfianza hacia el Estado de Guatemala.
POR TANTO: HACEMOS UN LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES A QUE INICIEMOS UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ORIENTADA A GARANTIZAR UN PROCESO DE REPARACIONES INTEGRALES. A LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE GENUINAMENTE BUSCAN ESTE OBJETIVO, A ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE VICTIMAS Y DE SOBREVIVIENTES EN EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO.
Asociación Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria,
Huehuetenango.
Coalición de Organizaciones de Victimas de las Verapaces.
Comité de Desarrollo Campesino, Suchitepequez.
Coordinadora Departamental para el Resarcimiento de Victimas del
Conflicto Armado Interno y Desarrollo Intercultural de Petén.
Asociación para el Desarrollo Integral de las Victimas de la Violencia
en las Verapaces Maya Achí.
Coordinadora para la Justicia y Dignificación para las Victimas del
Enfrentamiento Armado Interno de Alta Verapaz
